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12 Febrero 2018 Escrito por 

Todas las licitaciones de la Junta incluirán cláusulas sociales y medioambientales

Todas las licitaciones de la Junta de Andalucía incluyen cláusulas sociales y medioambientales obligatorias y en 2017 todos los contratos públicos de la administración autonómica obligaron a cumplir los convenios colectivos vigentes en cada sector, impidiendo el descuelgue de las empresas permitidos en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Así lo ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre el marco normativo de la contratación pública, derivado de la entrada en vigor el próximo mes de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Montero ha destacado que la nueva ley incidirá en la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la contratación pública, cuya información será más accesible para los ciudadanos y para las empresas. Asimismo, promoverá la incorporación de pymes y autónomos, “la gran base empresarial del tejido productivo en Andalucía”, con el fin de favorecer su acceso a las licitaciones y contratos de la Junta de Andalucía, y reducirá la burocracia agilizando tiempos en los procedimientos. En este sentido, ha recordado que la administración andaluza realiza más de 70.000 contratos anuales por un valor superior a los 2.500 millones de euros.

La consejera se ha referido al “cambio de paradigma” que se está produciendo en el ámbito de la contratación pública y ha defendido que la propia administración debe transformarse y modernizarse, “para acercarla de nuevo a una ciudadanía, más exigente y consciente de sus derechos y reivindicaciones”. En este sentido, ha señalado que la aplicación de la nueva ley de contratos debe entenderse como “una estrategia y una oportunidad de cambiar la realidad, de generar riqueza y provocar transformaciones de la economía, la política, la tecnología, la sociedad”. “La nueva contratación pública favorece la responsabilidad y el compromiso de las empresas con el empleo justo y la igualdad”, ha manifestado.

Durante su intervención, ha subrayado que, además de conseguir las mejores condiciones de calidad y precio en la gestión del gasto público, la contratación de la administración debe promover que se garantice el cumplimiento de las condidiones laborales de los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de colectivos vulnerables, la protección de menores o la transparencia fiscal de las empresas.

Guía de cláusulas

Por ello la Junta acordó el pasado mes de octubre con sindicatos y empresarios la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales que deben cumplir las empresas para contratar con la administración pública. Asimismo, la Consejería de Hacienda elaboró una guía que detalla las cláusulas sociales de obligado cumplimiento que deben aparecer en los pliegos que rigen en todas las licitaciones de la Junta. Además, recoge recomendaciones que pueden establecerse en función del objeto del contrato que se vaya a adjudicar.

Según ha explicado, se trata de mantener los principios de la contratación pública (libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato ente los candidatos, y eficiencia en el uso de los recursos), pero dirigidos hacia objetivos comunes como son un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

La consejera ha enmarcado la incorporación de cláusulas sociales en los contratos en la capacidad desde la política de “cambiar la realidad para hacerla más justa y equitativa, más sostenible y sensible a las necesidades de las personas”. Con ello se favorece la “responsabilidad corporativa de las organizaciones que contratan con la administración pública” y se favorece la “transformación hacia una economía generadora de valor social, que promociona y consolida un tejido empresarial sostenible, con un fuerte compromiso social y medioambiental”.