23Septiembre2018

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12 Junio 2018 Escrito por 

Las quejas de los consumidores almerienses se centran en el sector servicios

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería ha acogido una nueva reunión del Consejo Provincial de Consumo, órgano consultivo, de participación, mediación, diálogo y concertación en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias. Durante la sesión se ha expuesto el Balance 2017 del Servicio Provincial de Consumo, donde destacan las más de 2.400 quejas y reclamaciones recibidas o la tramitación de 365 expedientes sancionadores que han dado lugar a la imposición de sanciones por valor de más de 7,8 millones de euros. 

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha presidido la reunión del Consejo Provincial de Consumo, en el que se integran las organizaciones de consumidores Facua y Asociación de Amas de Casa Virgen del Mar, junto a la Asociación de Empresarios de Almería, Asempal. 

José María Martín ha recordado que “el Consejo Provincial de Consumo tiene, entre otras funciones, la de actuar como órgano de mediación para la resolución de conflictos relacionados con el consumo de bienes y servicios y la promoción de la colaboración y el diálogo entre las organizaciones empresariales y de los consumidores”. Para Martín, “se trata de dar voz tanto a las entidades que tienen por objeto la defensa de las personas consumidoras, como a las que agrupan a las empresas de nuestra provincia”. 

El orden del día del Consejo Provincial de Consumo se ha iniciado con la exposición de los principales indicadores de actividad del Servicio Provincial de la Junta en este ámbito. Durante 2017 se han recibido un total de 2.428 reclamaciones, quejas y denuncias formuladas por los usuarios de la provincia. La inmensa mayoría de ellas (2.400, el 98,8%), tienen su origen en el ámbito de los servicios, con especial incidencia en sectores como el de las comunicaciones, las entidades financieras, el comercio minorista, los servicios y suministros esenciales o los servicios sanitarios. Además de estas quejas relacionadas con los servicios, se han presentado 4 relacionadas con el ámbito alimentario y 24 relacionadas con el consumo de productos industriales. 

La mayor parte de las quejas se producen en el sector de las comunicaciones, donde se han recibido un total de 532. Le siguen las entidades financieras, con 359; el comercio minorista, con 315; los servicios esenciales, con 273,y los servicios sanitarios, con 259. En general, se ha observado un incrementodel 6,8% en número de quejas respecto a los datos del año anterior (2016).

Con respecto a los principales motivos de reclamación, en el ámbito de las telecomunicaciones, suelen relacionarse con la facturación o el incumplimiento de las condiciones de contrato. En las entidades financieras, los clientes reclaman aspectos como el cargo de los gastos de formalización de las hipotecas o las cláusulas abusivas. En el sector del comercio minorista, la queja más frecuente es el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía de los bienes adquiridos. 

El incremento de las quejas en el ámbito de los servicios sanitarios se relaciona directamente con la actividad de ciertas clínicas dentales, debido a incumplimiento de las condiciones del contrato, desatención de los clientes, irregularidades en la calidad del trabajo realizado o los implantes o la no devolución de cantidades cobradas en exceso. 

Cierre de las clínicas de iDental

El Consejo Provincial de Consumo ha analizado lasconsecuencias en la provincia de la clínica de la cadena iDental, que ha provocado un incremento del 685% en las reclamaciones relacionadas con este tipo de servicios en Almería. Las quejas de las personas consumidoras contra esta empresa están relacionadas con el incumplimiento de las condiciones de contrato, desistimiento, desatención a los consumidores, irregularidad en la calidad de los servicios, incumplimiento del plazo, uso de prácticas comerciales desleales, no devolución de cantidades cobradas en exceso o cierre de clínica dental. 

Hasta la fecha se han iniciado varios procedimientos sancionadores por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones, entre otras cuestiones. 

Hay que destaca que la Dirección General de Consumo de la Junta dispone de un aviso específico sobre Idental así como contenido informativo en Consumo Responde sobre clínicas dentales que se puede consultar para obtener información sobre aspectos como: derechos de las personas usuarias de las clínicas dentales y recomendaciones a la hora de utilizar los servicios de una clínica dental.

Sanciones e inspecciones

En el apartado de la actividad inspectora y sancionadora, José María Martín ha explicado que “las actuaciones desarrolladas por la Junta en el ámbito del control e inspección del mercado tienen como objetivo comprobar el correcto cumplimiento de la normativa en materia de consumo por parte de las empresas que operan en nuestra provincia, para garantizar que los bienes y servicios puestos a disposición del público se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad”.

En esta línea, en el año 2017 se llevaron a cabo en Almería 20 campañas de control, y se levantaron un total de 867 actas de inspección tras la visita a más de 625 establecimientos. Del total de actas, 170 son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un 22,4% del total. 

Cuando se detecta alguna irregularidad, se ponen en marcha los mecanismos habilitados al efecto, y se toman las medidas oportunas, ya sea imponiendo sanciones a las empresas que incumplen con las obligaciones en materia de consumo, o retirando productos del mercado. A lo largo del año 2017 se han resuelto 365 expedientes sancionadores, de los que 259 han estado relacionados con el ámbito de los servicios, 60 con el de los productos industriales y 46 con el de los productos alimenticios. De estos expedientes se han derivado sanciones por un valor total de 7.867.204,25 euros. 

Con respecto a las campañas de inspección, en 2017 se han desarrollado un total de20: dos sobre productos alimenticios, seis sobre productos industriales y 12 en el sector servicios. 

Igualmente, en 2017 se han concedido en la provincia más de 53.000 euros en materia de subvención a diferentes Asociaciones de Personas Consumidores y otros 88.424 destinados a facilitar el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de las localidades de: El Ejido, Berja, Vícar, Adra, Vera, Cuevas del Almanzora, La Mojonera, Vélez-Rubio, Pulpí, Olula del Río y Antas. 

Nuevo desarrollo normativo

En 2018la Consejería de Salud tiene previsto el desarrollo de nueva normativa para mejorar la capacidad de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En esta línea, se va a modificar el Decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía, con el objetivo de adaptarlo a la normativa europea y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso reclamación, para que sea más sencillo, útil e intuitivo para la ciudadanía.

También está previsto avanzar en la nueva Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, que permitirá desarrollar un nuevo marco normativo que refuerce los mecanismos de resolución de conflictos y consolide el Sistema Arbitral de Consumo en Andalucía.

Por otra parte, también se está trabajando en el Plan Estratégico de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía, un documento que tiene como objetivo establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políticas de consumo en la comunidad, así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años. El documento se está desarrollando en cooperación con la administración pública local y en alianza con el ámbito asociativo y empresarial, con el objeto de integrar las aportaciones de los diferentes agentes implicados en la protección de los derechos de las personas consumidoras en nuestra Comunidad Autónoma.