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28 Agosto 2019 Escrito por 

Almería se prepara para el juicio del 'caso Gabriel' con llamadas a la responsabilidad

A semanas de que Almería acoja el juicio por el conocido como 'caso Gabriel', la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a la que pertenece la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), ha instado a los periodistas y a los responsables de los medios de comunicación a mantener una conducta responsable en el tratamiento informativo del caso, basada en las normas del Código Deontológico que rige la profesión. El mismo llamamiento han formulado los jueces a través de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ante el juicio por el presunto delito de asesinato del menor Gabriel Cruz.

Así, respecto a la llamada de la FAPE, esta recuerda en un comunicado que el Código Deontológico, asumido con compromiso expreso de todos y cada uno de los miembros de la AP-APAL y del resto de afiliados a asociaciones federadas y vinculadas a la FAPE, es muy claro a la hora de establecer los principios en que debe basarse el tratamiento de una información como la del mencionado juicio.

Estos principios aparecen en su artículo cuatro y "deberían estar presentes en todas las redacciones y en todos los programas informativos para que ningún periodista pueda alegar ignorancia cuando los vulnere".

Este artículo dice lo siguiente:

Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, los periodistas y los medios deben aplicar estrictamente principios deontológicos básicos como el respeto de las personas a su propia intimidad e imagen.

a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento.

b) Con carácter general deben evitarse expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral.

c) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias obre sus sentimientos y circunstancias.

d) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en centros hospitalarios o en instituciones similares.

e) Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores”.

Presunción de inocencia

La FAPE y la AP-APAL recuerdan que el periodista también debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, un principio que, asegura el colectivo, "se relega con excesiva frecuencia en beneficio del morbo y del sensacionalismo, como hemos visto en el tratamiento informativo que algunos medios dieron al caso Gabriel".

“La conversión de la información en espectáculo es uno de los grandes males que están minando la credibilidad y el prestigio del periodismo. El objetivo de lograr la máxima audiencia no puede conseguirse a base de dar pábulo a rumores, especulaciones y noticias falsas“, indica el comunicado de la FAPE que suscribe la AP-APAL.

“Tampoco el afán de llegar los primeros puede ignorar que uno de los elementos fundamentales del periodismo es la verificación de los hechos y el contraste con fuentes fiables. El periodismo solo puede ser influyente si busca la verdad, verifica y contrasta las informaciones y respeta y cumple las normas del Código Deontológico. Solo así podremos ayudar adecuadamente a los ciudadanos a formar su opinión y a tomar, libremente, sus propias decisiones. Es lo que se espera de nosotros en la cobertura del juicio del caso Gabriel y es la mejor manera de que honremos la memoria del menor asesinado“, concluye el texto difundido.

La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España con 49 asociaciones federadas y 17 vinculadas que en conjunto representan a más de 19.000 asociados. Adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Los jueces piden “un tratamiento responsable”

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), en un comunicado, han pedido a su vez “un tratamiento informativo responsable” a los medios de comunicación, con motivo del juicio por el presunto delito de asesinato del menor Gabriel Cruz.

El comunicado íntegro expresa lo siguiente:

Con ocasión del inicio del juicio de jurado ante la Audiencia Provincial de Almería por el presunto delito de asesinato del menor Gabriel Cruz, el próximo 9 de septiembre, las asociaciones judiciales abajo firmantes queremos manifestar lo siguiente:

  • El 13 de abril de 2018, el Consejo Audiovisual de Andalucía, emitió un informe cualitativo sobre el tratamiento dado al caso Gabriel en el que se concluyó, tras el análisis de varios programas televisivos sobre el caso durante los días 6 y 7 de marzo de 2018, que se había incurrido en “difusión de rumores, informaciones erróneas e hipótesis inculpatorias”, “utilización de la voz de autoridad” de forma interesada, “difusión de datos personales”, “morbo, espectacularización y explotación sentimental”, y “difusión de imágenes violentas y politización del debate”, entre otras cuestiones.
  • En los últimos tiempos, asistimos a un creciente interés del público y de la prensa por los casos denominados “mediáticos” y a un cambio sustancial en su tratamiento informativo, si lo comparamos con épocas anteriores. El derecho a la información está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental y, en estos casos, nadie duda de que haya interés público. Por tanto, hay un derecho social de ejercicio individual a recibir información veraz de los medios de comunicación, cuya función democrática es incuestionable.
  • Paralelamente, en este tipo de juicios, no se protege de igual forma el derecho de los investigados a un juicio justo con todas las garantías conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pasa por el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia. Se difunden datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso y, a menudo, asistimos a debates televisivos y en prensa en los que se da por sentada su culpabilidad.
  • Igualmente, no se presta atención en la difusión de la información al derecho de las víctimas a que se respete su derecho a la intimidad y a la imagen. En concreto, se incumple sistemáticamente lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que establece que «los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social».
  • En el caso concreto de Gabriel Cruz, adicionalmente a todo lo anterior, algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres a que se respete la memoria de su hijo y no se haga del juicio un “circo mediático”. Además de haberse difundido información que pudiera incumplir el Estatuto de la Víctima y vulnerar el derecho a la intimidad familiar, se ha obviado la voluntad de los directamente afectados.
  • El caso de Gabriel Cruz no es el único, pero, dada la voluntad familiar inequívocamente prestada y que la familia nos ha trasladado, es una oportunidad idónea para reflexionar sobre qué tipo de información sobre casos judiciales queremos e, incluso, emular las prácticas periodísticas de algunos países de nuestro entorno, más respetuosos con estos temas.

Por todo lo anterior, añade el mencionado comunicado, "pedimos que se respete la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada, mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes. Y extendemos esta petición a todos los casos mediáticos en curso o por venir por ser una asignatura pendiente en nuestra sociedad".