22Octubre2019

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09 Septiembre 2019 Escrito por 

Comienza el juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel Cruz

La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este lunes el juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel Cruz. Si todo se desarrolla según lo previsto, será un jurado popular el que, a lo largo de ocho sesiones, dirima la inocencia o culpabilidad de la procesada por los hechos, ocurridos el 27 de febrero de 2018.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la primera sesión de la vista oral arrancará sobre las 9.45 horas. En ella, además de constituirse el jurado, prestará declaración la única acusada por estos hechos, la que fuera pareja del progenitor de la víctima.

Por decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial adoptada a instancia de los padres del pequeño, varias sesiones del juicio se celebrarán a puerta cerrada para “no ocasionar mayores perjuicios al padre y a la madre”.

En concreto, no estará permitido acceder a la sala de vistas a parte de la jornada del martes, cuando declararán una decena de familiares del menor. El testimonio de los parientes más próximos, como sus progenitores, se celebrará a puerta cerrada. Además, y en sintonía con las consideraciones del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, que aseguró en un informe que “hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen, y los informes psicológicos de los padres contienen información delicada”, también será a puerta cerrada la sesión en la que comparezcan los forenses, prevista el 10 de septiembre.

Con audiencia pública se producirá la comparecencia de más testigos, así como de guardias civiles que participaron en el caso, la prueba documental y, finalmente, el día 18, la entrega al jurado del objeto de veredicto para que inicie sus deliberaciones, secretas y en absoluta incomunicación.

Lo anterior se producirá en medio de uno de los juicios más mediáticos que se han celebrado en la provincia, con hasta 130 profesionales de 35 medios de comunicación acreditados para seguir e informar del desarrollo de la vista oral.

Petición en change.org de los padres de Gabriel

Con ello en mente y en la antesala del inicio de las sesiones, los padres de Gabriel Cruz han lanzado un comunicado y la siguiente petición en change.org.

En dicha solicitud, igual que en el comunicado difundido a los de comunicación, los padres de la víctima solicitan, con el título ‘Pacto ético por la sonrisa de Gabriel” que el derecho a la información vaya “de la mano” del poder judicial y se ejercite con respeto a “los derechos humanos, códigos deontológicos y la ley de protección de las víctimas”.

“Se puede informar sin crear situaciones de riesgo, revictimizar a las víctimas o a terceras personas”, claman antes de pedir a las autoridades que recopilen los titulares y programas, entre otros, que han ofrecido lo que tildan de “tratamiento inadecuado y sensacionalista”, además de que se creen mecanismos para retirar los documentos que, a su juicio, “no se han obtenido de fuentes éticas y veraces”.

Al hilo, los progenitores requieren que no se divulgue información alguna derivada de “cualquier documentación médica, psicológica o forense tanto de los menores como de sus familiares”. La relevancia de este material probatorio, argumentan, “se circunscribe exclusivamente al contexto judicial”.

Evitar que un juicio paralelo comprometa la sentencia

Finalmente, en su petición los padres del pequeño solicitan que se haga un uso responsable y respetuoso de su imagen y que no se publiquen o emitan filtraciones del juicio.

“Estamos luchando desde que desapareció por que se haga justicia”, subrayan antes de continuar: “Necesitamos que se haga un juicio justo con todas las garantías, así que rogamos que los agentes sociales velen por evitar hacer juicios públicos paralelos (…) al menos durante el procedimiento del desarrollo del juicio oral, con el fin de evitar que la sentencia sea cuestionable, recurrida o nula”.

Descripción de los hechos

El juicio que arranca este lunes dirimirá la presunta autoría de Ana Julia Quezada de la desaparición y muerte de Gabriel Cruz que, según el relato de los hechos de la fiscalía, se produjeron el 27 de febrero de 2018.

Dicho día, Quezada habría instado al pequeño a acompañarle a una finca familiar en un área aislada de Rodalquilar, en la que estaba realizando labores de pintura. Una vez allí, la acusada habría arrojado al menor contra el suelo o la pared para, tras el impacto, taparle los orificios respiratorios con las manos hasta provocarle el fallecimiento por asfixia.

Tras estos hechos, la procesada cavó una fosa e introdujo en ella al pequeño, al que su familia dio por desaparecido iniciándose hasta once jornadas de búsqueda en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad acabaron cercando a Quezada, que fue sorprendida cuando transportaba el cadáver del pequeño.

Lo anterior lo considera el Ministerio Fiscal constitutivo de delitos de asesinato, así como lesiones psíquicas contra los padres, todo ello con la agravante de parentesco. Por lo anterior, la fiscalía solicita que se imponga como pena la revisión permanente revisable por el delito de asesinato, así como diez años de prisión por lesiones psíquicas, cinco por cada uno de los delitos, con prohibición de aproximarse y comunicarse con los padres de Gabriel durante diez años.

Daño moral

Además, y en concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide a Ana Julia Quezada 300.000 euros para cada uno de los progenitores en concepto de daño moral.

A las anteriores cantidades se suman, también por responsabilidad civil, 85.000 para cada uno por lesiones psíquicas y secuelas y 160.000 a la abuela paterna por daño moral  

Petición de la acusación particular

Por su parte, la acusación particular ejercida por los padres de la víctima considera a la procesada autora de delito de asesinato y de dos delitos lesiones psíquicas, a los que en este caso añade otros tantos contra la integridad moral.

En sintonía con el Ministerio Fiscal, la acusación particular interesa que se condena a Quezada a prisión permanente revisable, así como a un total de 12 años de prisión por el resto de delitos por los que formulan acusación.

Respecto a la responsabilidad civil, el escrito inicial de acusación de los progenitores reclama 250.000 euros de indemnización a cada uno de ellos.