14Agosto2020

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El Gobierno prepara una nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria JM Cuadrado / Moncloa
01 Julio 2020 Escrito por 

El Gobierno prepara una nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley de modificación de la actual Ley 12/2013, sobre la cadena alimentaria, que transpone la Directiva Europea 2019/633 relativa a prácticas comerciales desleales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que esta reforma, junto al Real Decreto-ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación aprobado en febrero, permitirá realizar una transformación estructural del sector primario y agroalimentario, reforzando la seguridad jurídica, la planificación empresarial y la capacidad de competencia: "Es el mejor reconocimiento que este gobierno puede hacer al comportamiento excelente del sector agroalimentario durante la crisis del COVID-19", ha destacado.

Algunos aspectos que se pretenden corregir son el sistema de formación de precios y la escasa capacidad de negociación de agricultores y ganaderos respecto al resto de eslabones de la cadena, aquejada por factores como los climáticos, la atomización de la oferta, la volatilidad de los precios en los mercados o los aranceles introducidos por Estados Unidos.

Planas ha recordado que en febrero, para atender a la "justa reivindicación del sector" de percibir unos precios justos por su trabajo y sus productos, ya se modificó parcialmente la ley de cadena alimentaria, que introdujo la obligatoriedad del contrato escrito -que debe suscribirse siempre con referencia a unos costes de producción inferiores al precio de venta- y prohibió las prácticas que constituían pérdida de valor a lo largo de la cadena y las estrategias comerciales que desacreditaban el trabajo de los agricultores y ganaderos.

Claves de la nueva norma

La nueva normativa prevé extender los contratos por escrito a todas las operaciones de más de 2.500 euros y amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas para adaptarlo a la normativa comunitaria.

"Existe una lista negra, con prácticas que están en todo caso prohibidas, y una lista gris, que incluye las que pueden ser toleradas", ha explicado.

La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español. Asimismo, se amplía la lista de productos objeto de cobertura para incluir también los transformados.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario y sancionar las infracciones. Esta entidad coordinará también a las instituciones competentes en inspección y sanción de las comunidades autónomas.

La previsión adelantada por el ministro es que el anteproyecto pueda ser definitivamente aprobado por el Gobierno en otoño para su remisión al Congreso de los Diputados. Antes debe ser objeto de informe preceptivo de las comunidades autónomas, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. El anteproyecto estuvo sometido en abril a información pública y recibió 87 aportaciones de interesados del sector, y también fue debatido en el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Ayudas al sector agrícola y pesquero

El Consejo de Ministros ha acordado la distribución entre las comunidades autónomas de casi 13,5 millones de euros, conforme a lo acordado en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Pesca, del pasado 15 de junio.

Luis Planas ha explicado que 10 millones de euros se destinarán a ayudas a las explotaciones ganaderas de cordero y cabrito con dificultades de comercialización como consecuencia de las limitaciones impuestas por el COVID-19. Otros 3.387.772 euros financiarán las paradas temporales de las flotas pesqueras en el Mediterráneo y el golfo de Cádiz.

El Gobierno también ha aprobado la modificación del Real Decreto para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023 (PASVE), para adaptarlo a la nueva normativa europea.

Mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero

El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que establece la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y eleva el nivel de protección de los pescadores que faenan en buques pesqueros españoles.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha resaltado que la norma prevé la obligatoriedad de formalizar el contrato de trabajo por escrito, el suministro de información precisa al trabajador sobre las condiciones laborales, condiciones mínimas para los alojamientos de la tripulación, derecho a la atención médica y derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda o se extinga cuando el buque esté en puerto extranjero.

La portavoz ha señalado que estas medidas transponen la normativa europea y permiten armonizar la legislación con el resto de países de la UE para crear "condiciones equitativas de competencia y reforzar el mercado interior". Montero ha apuntado que otra finalidad es transmitir a los países no comunitarios titulares de grandes flotas pesqueras que la competitividad no puede depender de una inadecuada protección de los trabajadores del sector.