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15 Abril 2020 Escrito por 

Las comunidades podrán usar laboratorios públicos y privados para hacer tests

El Ministerio de Sanidad ha ordenado que los laboratorios públicos y privados estén a disposición de las comunidades autónomas para realizar tests del coronavirus. Asimismo, el CSIC está utilizando datos de móviles para evaluar la respuesta ciudadana al confinamiento y estudiar cómo y cuándo se levantará este.

  • Sanidad pone a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico.
  • El CSIC utiliza datos de móviles para estudiar la eficacia del confinamiento sobre la dispersión del Covid-19.
  • El Colegio Andaluz de Enfermería eleva una queja al gerente del SAS por limitar el derecho de los profesionales a denunciar la falta de medios de protección.
  • UNICEF España aporta 418.000 mascarillas de protección para la lucha contra el virus.

Laboratorios públicos y privados a disposición de las comunidades autónomas

El Ministerio de Sanidad ha impulsado una orden ministerial por la que pone a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico.

Según la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, publicada hoy en el BOE, todos estos centros, servicios y establecimientos sanitarios que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal, estarán al servicio de las comunidades autónomas.

La Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, fija también los requisitos para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19. Así, estas pruebas deberán ser prescritas por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente. Además, todos los centros, con independencia de su titularidad, deberán notificar a las comunidades autónimas los casos de Covid-19 confirmados de los que hayan tenido conocimiento tras la realización de las pruebas diagnósticas.

La orden publicada en el BOE establece "la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de estas pruebas, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

Por último, se establece la obligación de que las entidades públicas o privadas que adquieran material para hacer pruebas diagnósticas "deberán ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso".

Datos de móviles para estudiar la eficacia del confinamiento

Un nuevo proyecto del CSIC utiliza la computación y las técnicas de ciencia de datos para comprobar cómo las medidas de confinamiento que se han tomado para parar la propagación de la enfermedad Covid-19 están siendo efectivas. Los resultados van a ser imprescindibles para mejorar las estrategias de distanciamiento social que se tomen en futuros brotes de esta enfermedad o de otras. Para llevar a cabo la investigación, un equipo multidisciplinar con expertos en computación, demografía, física y estudio del movimiento está analizando datos masivos anónimos y de alta resolución que se están obteniendo desde operadores de telefonía y servidores de mapas. Son datos que explican cómo ha cambiado la movilidad y los contactos sociales desde que empezó el confinamiento.

El proyecto, ya pre-financiado desde el CSIC gracias a la donación recibida de AENA, está coordinado por los científicos José Javier Ramasco, del Instituto de Física de Sistemas Complejos (IFISC, centro mixto del CSIC y la Universidad de las Islas Baleares) y Frederic Bartumeus, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y el CREAF. Cuenta con la participación de equipos del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), del Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC), del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), así como de científicos de la Universidad Pompeu Fabra y del Centro Nacional de Epidemiología-Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Cómo levantar el confinamiento y cuándo

Con toda la información reunida, el equipo simula diferentes escenarios o estrategias de distanciamiento social y ayuda para la toma de decisiones. Los resultados son clave tanto para decidir si se activa un confinamiento más estricto como para planificar un fin de confinamiento seguro y eficaz. "Esperamos que los resultados sirvan para comprender mejor los efectos del confinamiento sobre la dispersión de la enfermedad, pero también para ayudar en la toma de decisiones relacionadas con la revocación de las medidas; para saber si es mejor finalizar el confinamiento de forma progresiva o no", explica Bartumeus.

"Para llegar a este objetivo, el proyecto incluye varias fases que se están realizando en paralelo", explica Ramasco. "Primero se realiza la caracterización de la movilidad, que se está coordinando desde el IFISC a partir de la aportación de distintas plataformas de datos: información, por ejemplo, proveniente de redes sociales online y patrones de movilidad capturaros por registros de telefonía móvil. En este último caso, los datos son recogidos por las operadoras y empresas que participan en el proyecto y proveen al equipo de investigación con flujos de viajes agregados entre zonas", detalla el investigador. En ningún caso se accede a información individual.

Un segundo aspecto es el cambio de comportamiento de las personas debido a la percepción de riesgo. Desde el CEAB y el IEGD se están desarrollando encuestas y aplicaciones móviles para cuantificar estos cambios, intentando estimar la adherencia a las medidas de protección personal por parte de la población y cuáles son los cambios en la cantidad y calidad de los contactos que se tienen. "Esta información es crucial para entender el proceso de contagio", indica Ramasco.

Finalmente, todos estos datos forman parte de modelos computacionales que se están desarrollando desde el IFISC y el IFCA para poder estudiar los distintos escenarios de salida de la crisis. "El confinamiento ha sido generalizado y relativamente súbito, pero si se deben evitar nuevos brotes es necesario contar con simuladores capaces de evaluar escenarios con distintos ritmos de vuelta a la normalidad, tanto por sectores como por zonas geográficas", advierte Ramasco.

La epidemiología del futuro

El proyecto usa herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos e integra datos masivos en tiempo real de movilidad humana, encuestas geolocalizadas y modelos computacionales. Es una nueva forma de hacer epidemiologia que combina la epidemiologia computacional, la demografía digital y modelos de movilidad humana. "En el estudio se tendrán en cuenta aspectos tan importantes como la distribución espacial de la población, su estructura por edad, y la distribución y características de los centros socio sanitarios (hospitales, centros de salud, residencias de mayores). Podremos observar cómo las medidas de contención han cambiado la movilidad y el comportamiento de las personas.", comenta Ramasco.

La información y los modelos que se desarrollarán durante esta investigación se pondrán a disposición pública para su uso futuro siguiendo un modelo de datos en abierto bajo los principios FAIR (acrónimo de Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Un segundo objetivo a largo plazo es establecer el germen de una red de epidemiología computacional en España, como existe ya en otros países, y una serie de herramientas analíticas interoperables, basadas en teoría epidemiológica, ciencia de datos, e inteligencia artificial, para informar la toma de decisiones en futuras situaciones de crisis epidemiológica que, como dicen los científicos, es algo que "ya ha sucedido en varias ocasiones desde 2009 y es probable que sean recurrentes en un mundo globalizado e interconectado como el actual".

El Colegio Andaluz de Enfermería denuncia una "ley de silencio" en el SAS

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), organización que representa a las más de 40.000 enfermeras andaluzas, ha registrado una queja ante el responsable de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán Ruiz, por la circular que ha emitido en plena crisis sanitaria en Andalucía por la pandemia de COVID-19, y en la que la institución considera que de una forma “errática y confusa” se establece una “ley del silencio” entre sus profesionales. Por un lado, se cuestiona la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre los datos de los pacientes, transmitiendo a la opinión pública en la situación actual de crisis, una idea equívoca de que nuestros profesionales pueden estar actuando contra dichos deberes, lo que consideramos una grave acusación. De otra parte, se refiere soterradamente a la obligación de no revelar información sobre la situación asistencial así como las necesidades de recursos materiales y humanos, lo que entendemos atenta frontalmente contra los derechos fundamentales de los trabajadores en unas circunstancias como las actuales, con un índice de un 23% de sanitarios contagiados y el continuo fallecimiento de profesionales – como el reciente del enfermero de Jaén, Pedro Carrillo –.

En su escrito, la organización colegial andaluza aclara al gerente que su controvertida circular se ampara en una orden del Ministerio de Sanidad (Orden SND/234/2020, de 15 de marzo) por la que las comunidades autónomas están obligadas a remitir a dicho ministerio la información relativa a la información epidemiológica, capacidad asistencial y necesidades de recursos materiales y humanos para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión de la crisis sanitaria, una normativa que “nada tiene que ver con las denuncias que el personal sanitario pueda hacer respecto a la falta de medios para ejercer de manera adecuada y con la debida protección su profesión”, tal y como se recoge en la queja.

En este sentido, el escrito elevado al gerente del SAS continúa incidiendo en que “en tales casos no hay datos personales afectados, ni deber de confidencialidad, sino más bien todo lo contrario, al poderse haber incumplido la normativa sobre prevención de riesgos laborales”. Así, el Consejo Andaluz explica a Miguel Ángel Guzmán que “este derecho o facultad de denunciar la situación es personal y no puede ser limitado en forma alguna por esa Gerencia o por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, con fundamento en una Orden Ministerial, que nada dice al respecto sobre dichos pronunciamientos y/o reivindicaciones profesionales sobre vulneración de dicha legislación”.

Igualmente, en lo que se refiere al deber legal y deontológico que todo profesional tiene de mantener el secreto sobre los datos de salud de los pacientes, el CAE señala que no hace falta recordar mediante circular que estos hechos puedan dar lugar a infracciones disciplinarias y/o penales, haciendo de esta manera trascender ante los medios de comunicación que se han hecho eco de esta circular y la opinión pública una idea oscura de que nuestros profesionales puedan estar infringiendo dichos deberes, dirigiéndose además de forma generalizada a todos ellos, lo que resulta inasumible para este Consejo, cuando además son precisamente estos profesionales quienes están arriesgando sus propias vidas y las de sus familiares y pacientes en esta crisis, precisamente por la carencia de medios.

Delito contra la seguridad en el trabajo

Por todo ello, en el escrito de queja se recuerda al gerente del SAS que el Consejo Andaluz de Enfermería interpuso unánimemente, el pasado 31 de marzo, una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra el propio Miguel Ángel Guzmán, precisamente por considerar que han cometido y están cometiendo un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales de los profesionales sanitarios andaluces –tipificado en el Código Penal–, debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, que se traduce en un 23% de sanitarios contagiados, cobrándose incluso el fallecimiento de algunos de ellos.

Finalmente y ante la “desproporcionada” medida adoptada en su circular del 1 de abril, el CAE solicita al director gerente del SAS “una inmediata rectificación y/o aclaración de la misma, en el sentido de respetar expresamente los derechos de sus trabajadores”. En caso de no producirse la rectificación solicitada, este Consejo Andaluz se plantea la posibilidad de ampliar su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por este hecho, así como efectuar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

UNICEF España aporta 418.000 mascarillas de protección

UNICEF España ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias 418.000 mascarillas de protección para contribuir a la lucha contra el Covid-19 en nuestro país. Estos suministros se suman al conjunto de los materiales sanitarios que durante estas semanas la organización está entregando al Gobierno, y que se completan con 1.050.000 guantes, 100.000 kits de detección del virus, 1.000 equipos de protección y 97.000 geles hidroalcohólicos

“Damos un paso más para seguir colaborando en la protección del personal sanitario y de los ciudadanos en general en esta lucha para doblegar definitivamente la curva del Covid-19”, ha asegurado Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. “Estos suministros forman parte de las múltiples acciones que venimos desarrollando para acabar con la pandemia y que persiguen proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas”.

Para evitar los efectos negativos de la pandemia en la infancia, desde UNICEF España se han propuesto al Gobierno medidas como agilizar la concesión y pago de rentas mínimas y ayudas de urgencia; flexibilizar los pagos de servicios esenciales; ayudas económicas para asegurar la adecuada alimentación ante el cierre de comedores escolares; reforzar la actividad de servicios sociales locales; garantizar el seguimiento y acompañamiento del profesorado, especialmente a los niños más vulnerables y con discapacidad; aumentar la dotación de recursos económicos y humanos a las comunidades autónomas; o disponer de mayor número de plazas en los Centros de Primera Acogida.

Los esfuerzos de UNICEF España se suman a los de la organización a nivel mundial para proteger la salud de todos los niños, llegar a los más vulnerables, proporcionarles agua, saneamiento e higiene, facilitar su educación y protegerlos de la violencia, la explotación y el abuso.

A pesar de las condiciones extremas de los mercados, como las compras agresivas y las incipientes restricciones a las exportaciones, UNICEF ha conseguido garantizar a nivel mundial de abril a junio la disponibilidad de los proveedores de productos esenciales, entre ellos 26,9 millones de mascarillas quirúrgicas, 4,8 millones de respiradores, 6 millones de monos protectores, 7,1 millones de batas quirúrgicas, 1,5 millones de gafas y 29.000 termómetros de infrarrojos.

La organización, que está trabajando con las comunidades, los gobiernos y los aliados de todo el mundo para frenar la transmisión de la Covid-19 y minimizar las repercusiones sociales y económicas que pueda tener sobre los niños y sus familias, ha hecho un llamamiento por valor de 651,6 millones de dólares para poder dar respuesta a la pandemia por Covid-19.