18Septiembre2020

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16 Septiembre 2020 Escrito por 

Andalucía se prepara para un escenario de 3.000 ingresos hospitalarios por Covid

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la actualización del estudio sobre recursos asistenciales elaborado por la Consejería de Salud y Familias ante un posible escenario de 3.000 pacientes ingresados por Covid-19 en Andalucía. Además, va a agilizar los trámites ante una eventual restricción de movilidad o cierre de centros educativos.

Atendiendo al estudio de recursos asistenciales, todas las provincias estarían preparadas para asumir dicha carga asistencial sin necesidad de activar recursos asistenciales extraordinarios. No obstante, el plan contempla la posibilidad de que, en algún momento, se detecte presión asistencial localizada, para lo que se utilizarían recursos privados o estructuras ya preparadas.

En líneas generales, este plan funcional contempla la adaptación de la gestión asistencial, para lo que se propone la definición de una reserva de camas de hospitalización, observación, unidades de recuperación postanestésica y UCI, con el fin de tener operativas la mayor cantidad de unidades disponibles, así como de respiradores.

También se prevé la adecuación progresiva de la actividad asistencial; la suspensión de todas las cirugías no oncológicas que necesiten UCI, reservando su disponibilidad para pacientes afectados por Covid-19; la disminución, aplazamiento o suspensión de la cirugía menor ambulatoria en función de la situación epidémica local, y el aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas, así como de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos.

Por su parte, se mantendrían todas las revisiones oncológicas, al igual que las consultas, pruebas diagnósticas y/o tratamientos de esta índole. De igual modo, se mantendrían las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves y del seguimiento del embarazo, y se potenciarían las consultas en acto único.

Igualmente, se mantendrían totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias y partos y la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones o cualquier seguimiento de patologías que requiera soporte especializado.

Emergencias sanitarias

Este Plan también contempla el mantenimiento de la actividad total de los servicios de EPES y Salud Responde. La gestión de las ambulancias privadas quedará bajo la coordinación de EPES.

En el caso de la Atención Primaria, se mantendría la actividad, incluida la relacionada con el calendario vacunal, con preferencia a los servicios de urgencias, los equipos móviles y los avisos domiciliarios. En este ámbito se potenciará la teleconsulta y la telemedicina.

En el ámbito de la gerencia, se podrían incorporar al trabajo los liberados sindicales que así lo soliciten. Al igual que en la situación actual, se continuará con la restricción de visitas a un único familiar y se establecerán medidas de acompañamiento de los pacientes en situaciones de final de vida, así como partos, menores y discapacidad.

Por último, el Plan contempla la posibilidad de retomar medidas tomadas para la evacuación de pacientes a otros hospitales privados o instalaciones habilitadas en los casos en los que la situación epidemiológica lo justifique. En este sentido, también se contempla el posible uso de instalaciones externas al hospital para atender a pacientes con sintomatología leve conforme se vayan dando de alta los hospitalizados.

Todas estas medidas asistenciales relacionadas serán de idéntica aplicación para la actividad sanitaria privada y estarán coordinadas por las delegaciones territoriales de Salud y Familias a través de las mesas de seguimiento provinciales.

Previsiones por provincias

Estas previsiones se han calculado atendiendo a la proyección epidemiológica en Andalucía, al igual que las tasas actuales de hospitalización y UCI en cada provincia. En un escenario de 3.000 hospitalizaciones en toda Andalucía, se sucederían los siguientes escenarios:

En Almería, con el 8% de las hospitalizaciones totales, se contabilizarían 241 hospitalizaciones, de los que 36 pacientes estarían en UCI. Llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.

En Cádiz, con el 13,4% de las hospitalizaciones, se contempla un escenario de 404 hospitalizaciones, de los que 60 serían pacientes en UCI. En dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.

En Córdoba, con el 10,8% de las hospitalizaciones, se contempla un escenario de 326 hospitalizaciones, de los que 49 serían pacientes en UCI. Llegado dicho escenario no sería necesaria la activación de planes de contingencia específicos.

En Granada, con el 11,4% del total de hospitalizaciones, se contempla un escenario de 344 ingresos, de los que 52 serían pacientes en UCI. En dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia.

En Huelva, con el 0,6% del total, se contempla un escenario de 20 ingresos con 4 pacientes en UCI. Llegado dicho escenario, no es necesaria la activación de planes de contingencia específicos.
En Jaén, con el 4,5% del total, se contempla un escenario de 135 hospitalizaciones, de los que 20 UCI. En este escenario no sería necesario activar planes de contingencia específicos.

En Málaga, con el 28,9% del total de hospitalizaciones, se contempla un escenario de 868 hospitalizaciones, de los que 124 serían UCI. Llegado dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica.

Por último, en Sevilla, con el 22,1% de los ingresos, se contempla un escenario de 664 hospitalizaciones, de lo que 100 serían pacientes en UCI. En dicho escenario no será necesaria la activación de los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales.

Andalucía agiliza los trámites ante una eventual restricción de movilidad o cierre de centros

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la nueva Orden por la que se delega en los delegados territoriales de Salud y Familias la adopción de medidas preventivas de restricciones a la movilidad de personas, así como la suspensión de la actividad docente presencial no universitaria como consecuencia de la pandemia.

Ante las circunstancias actuales en las que pueden producirse brotes epidemiológicos o nuevas cadenas de transmisión del coronavirus, la Consejería de Salud y Familias ha decidido articular de forma más rápida la respuesta para reaccionar de manera inmediata y adecuada ante eventuales situaciones graves.

Atendiendo a la normativa vigente, que contempla que la Consejería de Salud y Familias está facultada para la adopción de restricciones a la movilidad de la población, sea de una localidad o parte de la misma, o para suspender la actividad docente de un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se considera que razones de inmediatez y de distribución territorial justifican la presente delegación de competencias en las personas titulares de las delegaciones provinciales o territoriales competentes en materia de salud para la adopción de estas medidas preventivas de salud pública.

Asimismo, se contempla la creación de un Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, dependiente del ya existente Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, si la alerta solo afecta a un ámbito provincial o de menor territorio. Este Comité Territorial será el encargado de informar de la situación en que se encuentra una localidad o parte de la misma a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública.

De igual manera, se contará con la información que ofrezcan las comisiones provinciales ya operativas y que son dependientes de las consejerías de Salud y Familias y de Educación y Deporte desde el inicio del curso escolar. Estas comisiones serán las encargadas de informar de la situación en la que se encuentra un centro docente como consecuencia de su situación epidemiológica, para valorar así las razones objetivas sanitarias que determinen la posibilidad de cerrarlo o no como medida preventiva y de contención de la transmisión del Covid-19.

Las decisiones adoptadas se pondrán en conocimiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía con el fin de solicitar la ratificación judicial. Asimismo, a efectos de ejecución y control de estas medidas de prevención, se solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos en los que sea necesario. El incumplimiento de las mismas podrá ser motivo de sanción, tal y como contempla la normativa en materia de salud pública vigente.

La Junta subvencionará a las escuelas infantiles si tienen que cerrar

La Junta subvencionará a las escuelas infantiles y centros de Educación Infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias en el caso que se decrete por las autoridades sanitarias el cierre total o parcial de los centros a causa de la aparición de rebrotes del Covid-19 durante el curso escolar 2020/21, según se recoge en el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía ante la situación generada por la pandemia.

En el caso de las escuelas infantiles y los centros de educación infantil, las ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, tienen como objetivo contribuir al mantenimiento de la red de centros. Así, podrán solicitar la subvención las personas titulares de las escuelas infantiles y centros adheridos al Programa de ayudas cuyas instalaciones hayan sido cerradas total o parcialmente por decisión de las autoridades sanitarias como consecuencia de la aparición de un brote de contagios ocasionado por el Covid-19. Asimismo, podrán solicitar las ayudas los municipios en los que se haya delegado la competencia para la gestión de las escuelas infantiles.

La solicitud se presentará en un plazo de diez días hábiles desde que se decrete el cierre total o parcial de las instalaciones del centro o, en el caso de que el cierre sea anterior a la publicación de la correspondiente convocatoria, desde que se publique la misma.

La concesión de la subvención estará condicionada a que se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores y trabajadoras del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que esté cerrado total o parcialmente el mismo, así como el abono de los salarios y seguros sociales.

La subvención mensual que corresponderá a cada centro será el resultado de multiplicar el número de alumnos y alumnas matriculadas en la fecha del cierre total o parcial de las instalaciones por el 85% del precio público del servicio de atención socioeducativa (sin incluir el comedor). En el caso de cierre parcial, se calcularía únicamente el alumnado afectado por dicho cierre.

La cuantía final que recibirá cada centro afectado se determinará en función del número de días del curso escolar en los que esté cerrado total o parcialmente.

Módulos de conciertos educativos

En el Decreto Ley también se incluye un aumento de la cuantía de los módulos de los conciertos educativos, en la partida de gastos, por un valor total anual de casi 8 millones de euros. Este incremento será destinado a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, así como para la compra de protección individual para el profesorado y el personal complementario.

Los módulos de conciertos educativos se incrementarán en las cantidades asignadas a otros gastos, según lo recogido en el Real Decreto 2/2020 del pasado 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes de retribuciones en el ámbito del sector público, en las siguientes cuantías: 650 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica, y 900 euros anuales para las unidades específicas de Educación Especial (alumnos con discapacidad psíquica, autismo o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes), así como para las unidades de Programas de Formación para la transición a la vida adulta.

Este incremento se destinará a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. En el caso de las unidades específicas de Educación Especial también se podrá destinar a la compra de equipos de protección individual contra el coronavirus para el profesorado y el personal complementario.