En opinión de ASAJA, posiblemente, el hecho más significativo sea precisamente el hecho de haber alcanzado este acuerdo, que cierra una etapa y da paso a las negociaciones nacionales para el diseño y aprobación de los Planes Estratégicos nacionales que implementarán la PAC en cada país. 

ASAJA siempre se ha mostrado reticente a muchos de los preceptos que se establecían en las propuestas de la Comisión, así como en el desarrollo de las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo Agrícola, ya que consideramos que se aleja de las verdaderas necesidades del sector frente a un mundo globalizado, unos mercados cada vez más volátiles y unas condiciones de competencia internacional cada vez más duras.

Los compromisos medioambientales y climáticos han marcado, desde el principio, las negociaciones de la nueva PAC, si bien se han visto fuertemente alteradas tras la publicación de las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad del Pacto Verde Europeo y la pretensión del Parlamento y especialmente del vicepresidente Timermans, apoyado por los sectores medioambientalistas más radicales, de imponer  unos objetivos, en principio meramente orientativos, como obligatorios sin que tuvieran base legal, ni estudio de impacto que lo avale. 

Lamentablemente, la ambición ambiental y climática, que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acompañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, sino que deberán ser los propios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo el paraguas de los llamados ecoesquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente al actual.

La otra gran novedad de la futura PAC reside en el papel que van a desarrollar los Estados miembros a la hora de diseñar y ejecutar los objetivos de la PAC en cada país a través de sus Planes Estratégicos. Si bien, hasta ahora, se han venido desarrollando trabajos exploratorios de análisis, determinación y priorización de necesidades dentro de los distintos objetivos específicos que la UE marca en sus reglamentos, ahora se abre, una vez conocido y delimitado el marco donde nos debemos mover, la fase de desarrollo de estos Planes, que necesariamente el ministerio de Agricultura deberá consensuar con las comunidades autónomas y los principales implicados en la reforma, los agricultores y ganaderos. 

Es precisamente en esta fase nacional donde se deberán definir y aclarar muchos aspectos de vital importancia para nuestros agricultores y ganaderos, tales como el futuro de los derechos de la PAC; la determinación del número de regiones productivas; la convergencia interna y sus periodos de aplicación; el control de las superficies que tendrán derecho a pagos en la futura PAC; los sectores e importes que podrán beneficiarse de pagos acoplados a la producción; los límites que se impongan a estos pagos o el tratamiento que se aya a dar a las primeras hectáreas; el complemento necesario para apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria (tanto en el primero como en el segundo pilar) y por supuesto, diseñar el modelo de arquitectura verde, a través de los ecoesquemas en el primer pilar y las medidas agroambientales y otras inversiones, dentro del segundo pilar. Estos y otros muchos aspectos quedan todavía por definirse en lo que será el futuro Plan Estratégico para España. 

Es precisamente en el diseño, elaboración y puesta en marcha de este Plan Estratégico español donde de verdad se completa la reforma de la PAC. Es por tanto, necesario, descender de la literatura que contiene una importante carga ideológica, como hemos podido comprobar, a la realidad de la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas en España, con su inmensa diversidad productiva y distintas estructuras a nivel de explotación, donde deben primar los criterios técnicos y agronómicos para así lograr mejorar la rentabilidad, viabilidad y competitividad de los profesionales agrarios españoles. 

Ni justa ni social

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC ratificada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.

El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. "El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa", apunta el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

En el capítulo de ayudas, se observa con perplejidad el "galimatías sin sentido" en torno a la definición de "agricultor genuino", que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias. Asimismo, COAG considera demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros). "Es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico", afirma Blanco.

Respecto a la arquitectura verde, los 28 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados "ecoesquemas", con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es "un recorte en toda regla", señala el secretario general de COAG, al tiempo que recuerda que "para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas". Además, con el acuerdo entre las instituciones, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.

Todo ello, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos de regulación de mercado necesarios y un presupuesto acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos. "Se demuestra una vez más la hipocresía e incoherencia de los máximos mandatarios europeos, ya que en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamentable que ni siquiera se hayan introducido medidas de equivalencia en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios para los productos agrícolas que vienen de terceros países", critica Miguel Blanco.

Desde COAG aseguran que defienden desde su origen la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social. "La PAC debe responder a las nuevas exigencias de la sociedad, tanto en materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, pero sin abandonar sus principios básicos. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a precios asequibles para los consumidores y remuneradores para los productores. En un contexto presente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, resulta suicida destruir las pequeñas y medianas explotaciones y con ellas a los agricultores profesionales que son las garantes de la seguridad alimentaria”, explica Blanco.

El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar más que nunca la seguridad alimentaria, la resiliencia y la soberanía alimentaria. “Sin embargo, con la aprobación de esta PAC las instituciones europeas dan la espalda a esta realidad, traicionando además sus propios objetivos: caminar hacia una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se impone una mentalidad alejada de la realidad del campo y del medio rural", apostilla el máximo responsable de COAG.

COAG participará el proceso de negociaciones del Plan estratégico nacional para la aplicación de la nueva PAC en España, con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas reglas marcadas por la UE en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.