El jueves de la semana pasada se celebró el juicio aplazado el 12 de febrero por imposibilidad de asistencia del abogado de la empresa Torres y González Díaz S.L promotora del proyecto, en el que tanto los letrados como los peritos de las diferentes partes (Grupos Ecologistas demandantes, Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, o la Empresa autora del proyecto) presentaron sus informes y argumentaron a favor de sus respectivas posturas; quedando la vista pendiente de la decisión judicial que tome la magistrada que ha instruido el caso.
Sentencia que de ser favorable a los denunciantes, aseguraría la conservación del paisaje y del rico ecosistema que alberga esta bahía de los Genoveses, con endemismos botánicos como: el cornical, el palmito, la launea, el espárrago, el dragoncillo, la efedra o el azafrán del Cabo; pero también de especies de aves esteparias incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y que utilizan la zona como “área de campeo” (el águila perdicera, la ganga ortega, el sisón común, el alcarván, el colirrojo real y la alondra ricotí), así como especies invertebradas endémicas y en serio peligro de extinción, como el escarabajo Jakelius punctatolineatusn y el tenebriónido Pseudoseriscius munyozi.
Y obligaría a la Consejería responsable de la autorización ambiental unificada, a revisar sus informes sobre flora y fauna presente en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y a actualizar un “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales” (PORN) y el “Plan Rector de Usos y Gestión” (PRUG) ,que llevan caducados desde el año 2016; cuando tendrían que haberse revisado y actualizado en 2024; una vez superados los 8 años de prórroga que permite el Decreto 37/2008.
Porque aunque el proyecto contemple la transformación de un cortijo agro ganadero en un pequeño “hotel con encanto”, sus 30 habitaciones con capacidad para 60 personas, su piscina exterior y su aparcamiento para 70 vehículos; crean una infraestructura propicia para la celebración de eventos multitudinarios, como bodas que pueden concentrar varios cientos de personas y vehículos, con una afección de ruido, luces y polvo totalmente inadecuados para una zona de especial protección, declarada C1, en la que solo están permitidas las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales o las cinegéticas de temporada. Por ese motivo, la plataforma “Genoveses sin Hotel” inició una campaña de recogida de firmas a la que se sumaron miles de ciudadanos almerienses” y que fue el germen del movimiento ciudadano y ambientalista que continúa oponiéndose firmemente al proyecto.
Hay que tener en cuenta que el municipio de Níjar (al que pertenece la mayor parte de la superficie del Parque Natural) ya cuenta con 13.183 plazas de alojamiento, de las cuales 4.833 se encuentran en la localidad de San José y su entorno: con 1.250 plazas en hoteles, 2.936 en viviendas de uso turístico, 449 en estudios y apartamentos, 160 en áreas de acampada y 38 en alojamientos rurales; y dónde la promotora del proyecto de hotel en Genoveses, ya cuenta con dos hoteles de 4 estrellas en San José: Hotel El Sotillo y Hotel Doña Pakita, el primero de los cuales cierra 4 meses al año por falta de clientela.
Pero sin duda, la aprobación de este proyecto tendría una enorme repercusión en el resto del Parque Natural, al provocar una avalancha de proyectos similares que con la excusa de rehabilitar ruinas, acaben convirtiéndose en nuevos alojamientos turísticos que ocupen un espacio protegido que además de Parque Natural, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importnacia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación (ZEC), Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar (por las salinas de Cabo de Gata, catalogadas como Humedal de Importancia Internacional), Geoparque, Bien de Interés Cultural (por sus aljibes, norias, molinos, etc.), Zona Especialmente Protegida de Importancia Para el Mediterráneo (ZEPIM), Hábitat Crítico para los Cetáceos (CCH), y forma parte de la Red Natura 2000 y de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Todas ellas figuras de protección que obligan a las administraciones públicas a velar por la conservación y el uso de este espacio público, para que pueda ser disfrutado por toda la ciudadanía de una manera responsable y sostenible.