Esta comisión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Policía Nacional y Guardia Civil.
Este curso, un total de 227 centros de toda la provincia han solicitado las actividades formativas que imparten tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. En ambos casos, las charlas sobre la prevención y denuncia de posibles casos de acoso escolar y los riesgos que, para niños y adolescentes, pueden tener las redes sociales y diferentes apps, han sido los asuntos más demandados por los equipos directivos de colegios e institutos. Otros temas abordados han sido el consumo de drogas y alcohol en menores o la violencia de género.
A petición expresa del subdelegado, el Plan ha buscado este curso una mayor participación de los centros educativos que están ubicados en las once zonas que, en Almería, están consideradas como especialmente desfavorecidas. “Es muy importante que los alumnos que viven en estos barrios vean en los agentes alguien en quienes poder confiar, que sepan que están para ayudarles y protegerles”, señala José María Martin.
Este curso se ha incentivado también la participación de las AMPAs en las actividades desarrolladas por Policía y Guardia Civil. Un total de 37 asociaciones de madres y padres de alumnos han solicitado la presencia de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para impartir las charlas educativas.
¿Qué es el Plan Director?
El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, coordinado por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.
Para ello se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orientadores escolares, personal docente y AMPAs, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de los eventuales episodios de violencia, acoso u otros actos delictivos que puedan producirse en este entorno y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado, profesorado y familias.